Fecha: 03 de enero de 2012
La resolución fue dictada por la jueza porteña federal, María Servini de Cubría, por estafas reiteradas contra jubilados que sufrieron descuentos en sus haberes, a nombre de una cooperativa, por servicios que nunca habían solicitado.
La causa se inició hace seis años por la denuncia de una jubilada a quien todos los meses le descontaban entre 1,70 y 2,10 pesos de su haber a nombre de la cooperativa "Ferromar ltda" en una operatoria que fue aplicada a más de 77.000 beneficiarios, entre ellos pensionados y ex combatientes de Malvinas.
El descuento aparecía identificado con un código en los recibos y la denunciante, la pensionada Martha de la Fuente, fue a la Justicia ante esa deducción que se le practicaba.
Servini de Cubría procesó sin prisión preventiva por supuestas "estafas reiteradas en 77.478 hechos, los que concurren en forma real entre sí e idealmente con 29 hechos de adulteración de documento privado", delitos que prevén hasta seis años de prisión.
La decisión alcanzó a Julio Garialde, María Verónica Garialde, Epifania López y Luis Cariati, miembros de la cooperativa, con un embargo de casi 4.500.000.
En tanto fueron procesados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" María Rodríguez, Isabel Lovrincevich y Mariano Casabella, de la ANSES, con embargos de 500 mil pesos.
Asimismo, Servini de Cubría sobreseyó a otras cinco personas en la causa.
El 22 de febrero de 2006 la pensionada denunció la quita que se le hacía desde enero de 2005 para una supuesta "cooperativa de vivienda, crédito y consumo" con el código "325-011".
De la Fuente explicó a Télam que "el fallo resolutorio fue del viernes pasado" y que si bien a ella la cooperativa le devolvió el dinero "porque mi caso tomó estado público, no pasó lo mismo con las otras 77.000 personas".
En este marco, precisó que "el hecho de que me hayan devuelto el dinero no quiere decir que no se haya consumado el delito".
Por su parte, Julio Garialde, presidente de la cooperativa y procesado en la causa, aseguró a Télam que "todo empieza en el 2005 con una denuncia de una jubilada que le habíamos descontado mal, había habido un error y por eso le devolvimos la plata, entonces ahí se inicia la etapa investigativa y entregamos los registros de los 77.000 socios".
"Nosotros brindábamos a muchos pueblos rurales y marginales los servicios de ambulancia y de sepelio, y cobrábamos 2.10 pesos al titular y 1.70 a los familiares, sin embargo decían que no dábamos ningún servicio", precisó.
Añadió que "con esto nos retiraron el código de descuento y dejaron sin cobertura a toda esa gente" y admitió que las personas que fueron procesadas, además de él, trabajan en esa cooperativa, salvo una de ellas que ya no está más.
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