Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)
Fecha: 10 de enero de 2013
Texto y foto: Martín Emiro González
Prensa MPPEU – OPSU.- La adjunta a la Dirección de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), Tibisay Hung, se reunió en la tarde de este miércoles con las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), a quienes exhortó a revisar, “en la brevedad de lo posible”, las historias laborales de sus jubilados presentadas, en función de “reducir los errores, corregir” y que su personal docente y administrativo siga saliendo publicado en los listados para el cobro de sus prestaciones sociales e intereses devengados, a través del Sistema de Fideicomiso Petrorinoco.
La funcionaria explicó que la Upel y otras dos universidades presentan un alto índice de errores en los cálculos de las prestaciones sociales y, por consiguiente, continuos reclamos de sus beneficiarios, por lo que su despacho decidió que el personal administrativo y docente de esas academias no volverán a salir en los listados que vienen siendo publicado cada lunes, hasta tanto sus autoridades revisen y corrijan los expedientes.
“Lo que quisiera es que las autoridades de esas universidades digan públicamente qué es lo que pasa”, expuso Hung.
La directora adjunta de la Opsu advirtió que las y los jubilados de la Upel “no aparecerán hasta tanto nosotros nos pongamos de acuerdo”, por lo que instó a sus autoridades a que asuman sus errores y correcciones. “Mi persona y el equipo que me acompaña no tiene ningún temor de decir las cosas claras, como lo hemos venido haciendo; es un tema demasiado delicado, pero también tengo que contar con el apoyo de ustedes, que reconozcamos (…), si hay un error (…), asumirlo”.
Se refirió a que de parte del equipo de la Opsu hay toda la disposición de hacer los recálculos, “pero la solicitud debe venir de ustedes (autoridades de la Upel), no de un sindicato ni de un particular”.
En cuanto a las otras dos universidades afectadas, Hung informó que se convocaron a una reunión similar.
Precisó que han hecho un análisis de cada una de las universidades y han clasificado la problemática que presentan individualmente. “En el caso de la Upel, lo primero que observamos es que tienen una diferencia en los salarios integrales, no restan los anticipos y dentro de esos anticipos, 8.5 por ciento que aprobó el Consejo Nacional de Universidades”.
En el caso particular de esta universidad, también se analizó su naturaleza, ya que ésta absorbió diferentes institutos pedagógicos que no tenían la categoría de universidad. “Al absorberlos y formar una universidad, algunos vinieron con su deuda de prestaciones del Ministerio para la Educación” (Mppe). Explicó la autoridad de la Opsu que al investigar el asunto se encontró con que “aparentemente” en cada caso privó el criterio personal de si se liquidaba o se pasaba a la universidad conservando la antigüedad.
“Se presenta la duda si el Ministerio para la Educación liquidó o no; eso se nos presenta como algo bien delicado”. En función de esa situación, acordaron cruzar la data con el Mppe, ente que también viene realizando el mismo procedimiento de pago de prestaciones sociales e intereses devengados a través del Sistema de Fideicomiso Petrorinoco.
Por su parte, el rector de la Upel, Raúl López Sayago, calificó la reunión como “fructífera”. Informó que acordaron la revisión de tres mil 400 expedientes, que los irán entregando por lotes a medida que vayan actualizándolos, a los efectos de proceder a ese beneficio al que tanto aspira la comunidad de profesores y empleados jubilados.
“Hemos tratado de aclarar algunos inconvenientes que hemos tenido en cuanto a salario integral que derivan en el cálculo de lo que le corresponde a cada beneficiario, a los efectos de que se le pague exactamente lo que le corresponde”. Precisó que “en algunos casos se les ha pagado por debajo del monto real, pero hay otros donde posiblemente han percibido un monto por encima de lo que realmente se le pudiera asignar”.
En ese sentido, Tibisay Hung fue clara en que el Estado pagará lo que les resta, pero también aspira a que a quienes se les pagó por encima, lo reintegren.
