Fuente: Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
Fecha: 30 de agosto de 2012.
La crisis atenaza a toda la sociedad española, pero sus golpes se ceban con los más débiles. Más de la mitad de los hogares formados por mayores de 65 años (el 52,65%) reconoce tener mucha o cierta dificultad para llegar a final de mes, según recoge un estudio de la Unión Democrática de Pensionistas (UPD) y el Imserso basado en encuestas del INE y otros datos estadísticos. Cerca de una cuarta parte de estos hogares no alcanza los 9.000 euros de ingresos anuales.
Las estrecheces y la sombra de un futuro incierto obligan a cambiar incluso las costumbres del día a día, una situación que se refleja en los hábitos de consumo de los mayores, agobiados por el incremento del precio de productos de primera necesidad. En los últimos dos años, los hogares de jubilados han reducido el gasto en alimentación y han aumentado el dedicado a los servicios domésticos (gas, electricidad, agua y otros), que ahora representa más del 40% de su presupuesto, frente al 32% de 2010.
«La cultura del ahorro y de subsistencia que tenemos los mayores de nuestra generación nos permite, pese a la dificultades económicas, hacer frente a los gastos ordinarios», explica el presidente de UDP, Luis Martín Pindado. Otra cosa, apunta, son los extraordinarios, pues«los pensionistas tienen que destinar ahora más dinero a ayudar a hijos y nietos».
Las estadísticas respaldan la afirmación. Según el último Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja de Cataluña, uno de cada tres jubilados catalanes han ayudado económicamente a alguno de sus familiares con sus pensiones en los últimos dos años, y uno de cada cuatro han tenido que acoger de nuevo algún hijo en su casa.
El presidente de la entidad, Josep Marquès, defiende que las personas mayores se están convirtiendo en «un pilar imprescindible para paliar las secuelas de la crisis» por lo que son un colectivo que se ha de cuidar para evitar un efecto dominó que arrastre a toda la sociedad.
En este sentido, UDP pide a las empresas de servicios de primera necesidad (alimentación, sanidad, energía y telecomunicaciones)que incluyan tarifas sociales para los consumidores de renta baja. «En España, más de dos millones de personas mayores tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza, pero las mismas necesidades básicas que todos», subraya Martín Pindado.
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