Fecha: 02 de octubre de 2013
Por: Alina Rosas Duarte
El pasado lunes 30 de septiembre, senadores de los diversos partidos políticos, avalaron la iniciativa de reformas en materia de reconocimiento de los derechos de los adultos mayores para que éstos sean quienes decidan si quieren ser internados o no en alguna institución ya sea de carácter pública o privada, además de la posibilidad de condenar a prisión a aquellos familiares que dejen en el abandono a una persona de tercera edad.
Si bien en el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores –publicada en junio del 2002- se establece la necesidad de garantizar a los adultos mayores una vida digna, con equidad, autorrealización y participación en todos los órdenes de la vida pública, la legislación en materia de abandono y decisión sobre tratamientos médicos y elección sobre ser internados en alguna institución habían sido laxas.
La ley antes mencionada establece como obligación de las instituciones gubernamentales y de las familias generar el contexto adecuado para que la vida digna de las personas de la tercera edad puedan llevarse a cabo.
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Javier Salinas recordó el pasado mes de junio, en el marco del Día Internacional contra el Abuso y Maltrato hacia el Adulto Mayor, que sólo 2 de cada 10 personas mayores de 60 años pueden ser autosuficientes económicamente, 8 de cada 10 viven en condiciones de pobreza y 3 de cada 5 sufren de violencia.
Las iniciativas presentadas en el senado por la Marcela Torres Peimbert del Partido Acción Nacional proponen que se reformen y adicionen disposiciones a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, a la Ley General de Educación y a la Ley Federal de Radio y Televisión, así como al Código Penal Federal.
Cabe destacar que se estima que en México viven más de 10 millones de personas mayores de 60 años, de acuerdo al CENEVAL, 3.5 millones de ellos sufren pobreza, 2.7 millones se encuentran en pobreza moderada y 800 mil se hayan en condiciones de pobreza extrema.
“Un dato alarmante es que 10 de cada 100 mexicanos son mayores de 60 años y sólo dos de cada 10 (sólo 20 por ciento), pueden sostenerse económicamente por sí solos, viviendo la mayoría en situación de dependencia o de carencia”, informó la senadora Torres Peimbert.
Dentro de los datos aportados en el pleno, se mencionó que el 28% de las personas mayores de edad carece de seguridad social, el 16% no cuenta con servicios en su vivienda, 21.4% tienen problemas de acceso a la alimentación y 26% no cuentan con servicios de salud.
La propuesta de modificación del Código Penal Federal, tiene como objetivo tipificar el abandono del adulto mayor, la persona que caiga en este acto “será sujeta de un mes a cuatro años de prisión, privándolo además de la patria potestad o tutela”, señaló Peimbert, quien recordó que actualmente se castiga a quien abandona a un niño o una persona enferma, ambos incapaces de ser responsables de sí mismos, por lo cual se busca legislar en el mismo sentido a quien abandone a una persona de la tercera edad, que incluso conlleva a que éstos sean reconocidos como grupo vulnerable.
El reconocer las garantías a una vida libre de violencia física, psíquica, emocional y económica o de toda forma de abandono será vinculatorio a que los adultos mayores manifiesten su consentimiento antes de ser internados en alguna institución -sea pública o privada-, a menos que éstos se vean en la incapacidad de ejercer plenamente su derecho, lo cual deberá ser determinado a partir de una resolución judicial.
Los derechos que buscan ser garantizados con estas reformas legislativas incluyen el manifestar el consentimiento libre –previo e informado- para ser sometido a cualquier tratamiento o prueba médica, de acuerdo a la premisa de permitir evitar el dolor y poder morir con dignidad.
Las reformas, aseguraron en el Senado, crean una fracción para establecer el derecho a la vivienda digna y adaptada a las necesidades de las personas de la tercera edad, además de incorporar a las Secretarías de Hacienda y Gobernación dentro de las políticas públicas a favor de los adultos mayores, por ejemplo el que ésta última deberá vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil logren estimular la solidaridad humana e intergeneracional además de eliminar estereotipos de los adultos mayores.
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| Marcela Torres Peimbert |
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