Fuente: http://noticias.iruya.com/
Fecha: 11 de septiembre de 2012
El Juzgado Civil y Comercial de 7ª Nominación de la ciudad de Salta, a cargo de la magistrada Beatriz del Olmo, tramita desde ayer una importante acción de amparo colectiva dirigida contra el gobierno provincial y la Municipalidad de Salta, cuyo objeto es la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores de Salta que se hallan recluidos en centros geriátricos de gestión pública y privados sujetos a control estatal.
La acción judicial ha sido ejercitada por la ONG Red Sol Salta, con el patrocinio letrado de Natalia Buira, Defensora Oficial Civil Nº 4 y experta internacional en derechos fundamentales.
En el escrito presentado ayer ante el Juzgado, se pide a la jueza del Olmo que ordene a los demandados que“cese de forma urgente en la vulneración de los derechos humanos fundamentales de los adultos mayores institucionalizados en los geriátricos que dependen de la Municipalidad de Salta y en los que dependen de la Provincia de Salta y cese igualmente en la omisión inconstitucional arbitraria imputable a la inactividad de los demandados de promover y proteger adecuadamente los derechos de los adultos mayores de acuerdo a las convenciones, declaraciones y estándares internacionales garantistas de los derechos humanos de los mismos”.
En concreto, la demanda de amparo pide que tanto el gobierno provincial como el municipal aumenten el presupuesto de las políticas destinadas a la protección de los derechos de los adultos mayores; que se formule un plan de protección integral de estos derechos; que en un plazo máximo de 30 días se proceda a la revisión de la situación individual de cada una de las personas mayores institucionalizadas, y que cese la discriminación que sufren estas personas.
En lo que respecta al plan integral, el escrito de amparo solicita que dicho plan garantice a los adultos mayores el derecho fundamental a la convivencia familiar y que se reconvierta el actual sistema de institucionalización -que la solicitante vincula con la llamada “custodia asilar” y con el aislamiento- para sustituirlo paulatinamente por sistemas alternativos basados en la comunidad, como los cuidadores domiciliarios, los acompañantes terapéuticos, los centros de día o las familias subvencionadas.
En el mismo escrito se denuncia también que los adultos mayores que viven en este tipo de instituciones sufren discriminación en el disfrute de sus derechos a la libertad, a la vida, a la integridad psicofísica, a la convivencia socio familiar, a la salud, a la autonomía y a la intimidad. Una discriminación que, a juicio de los peticionantes, se halla estrechamente vinculada a las prácticas jurídicas, sociales e institucionales que perviven gracias al actual sistema de custodia asilar.
Finalmente, el escrito solicita al juez que mientras dure la transición hacia el sistema de cuidados alternativos, se ordene el cumplimiento irrestricto del decreto municipal 0137/09 y de la ordenanza 12508/05, ya que existen en Salta geriátricos no habilitados, así como también instituciones que, a pesar de contar con habilitación municipal, no cumplen con la normativa señalada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario